La Administración Pública de Venezuela, un monstruo de mil cabezas

Parece excesivo e inconveniente que el Estado se involucre en un conjunto de actividades para las cuales no tiene experticia suficiente

La Administración Pública (APN) ha crecido en los últimos años en forma acelerada, desordenada y casuística, lo que ha llevado al incremento en el número de ministerios de 18 en el primer año del gobierno del ex presidente Chávez (1999), a 31 (29 del Poder Popular mas 2 de Estado); de los cuales dependen más de un millar de organismos y entes descentralizados. Esto es tres veces más que en 1999, creando una macrocefalia administrativa que ha provocado duplicaciones de funciones, solapamientos, asignaciones inadecuadas, trabas en los procesos, falta de coordinación entre las instituciones y una pésima atención al ciudadano. Además del obvio aumento en el número de ministerios, se creó la figura de las Vicepresidencias Sectoriales; hoy en día existen cinco de ellas.

En 1999 había 93 entes empresas y para el 2015, se estima que la cifra se elevó a aproximadamente 760. Esto se debe a la larga lista de empresas que pasaron a formar parte del Estado luego de que fueran expropiadas.

Este aspecto es especialmente importante en el sector alimentación, donde el Estado posee entre el 50 y el 70% de la capacidad instalada en productos de la cesta básica: café, azúcar, arroz, leche, carne, aves, pescados, harina precocida, aceite, empaquetadoras de granos, entre otras. La mayor parte de esta capacidad productiva se encuentra inactiva o trabajando a bajos niveles de producción. El Ministerio de Alimentación posee, además importantes sistemas de distribución de consumo masivo a través de sus redes de comercialización con sus dos conglomerados: Corporación Venezolana de Alimentos, C.A (CVAL) y Corporación de Alimentos y Servicios Agrícolas, S.A (CASA). La magnitud de estos conglomerados es tan grande, que según la GO N| 40689 (junio 2015) solamente CASA poseía 286 empresas.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura y Tierras tiene bajo su gestión la mayoría de la capacidad instalada en café, y parte importante en cacao, además de 12 centrales azucareros y los servicios de suministro de insumos y apoyo al agricultor en maquinaria y asistencia técnica.

Cuando se observa la cantidad de empresas en manos del sector público en el área de alimentación, no queda sino preguntarse por qué el gobierno habla de “guerra económica” y no de incompetencia, desorden, corrupción, falta de planificación e indolencia con los bienes públicos. Si aunque fuese la mitad de estas plantas que poseen las empresas mencionadas estuvieran en producción, es casi seguro que el abastecimiento de la población de los bienes mencionados estuvieran a disposición de los consumidores sin colas, captahuellas, madrugonazos, ni bachaqueros y a precios justos.

En el caso del Ministerio de Industria y Comercio, la situación es similar; para el año 2015 se estima que la cifra de empresas adscritas a este organismo alcanzó los 123. El mismo año se crearon “Corporaciones” para agruparlas sectorialmente y facilitar su gestión; hoy existen 8 de ellas.

Por otro lado, el Ministerio de Petróleo y Minería tiene adscritas más de 130 empresas más algunas de las filiales de PDVSA en el exterior, de las cuales, por cierto, no se tiene mayor información.

El Ministerio de la Defensa por su parte, ha creado desde el año 2013, aproximadamente 14 empresas en diversas áreas: automotriz, agroindustria, construcción civil, televisoras y un largo etcétera.

Es por esto que se puede afirmar que la gran mayoría de los organismos adscritos al Poder Ejecutivo, entiéndase ministerios y vicepresidencias sectoriales, tienen al menos una institución dedicada al sector empresarial adscrito a él.

Lo que hace que manejar esta cantidad de empresas necesite de un enorme equipo gerencial, bien capacitado y en condiciones de sacar adelante las actividades empresariales. Aquellas empresas que se han conformado como empresas de producción social o cooperativas que involucran la participación activa de los trabajadores en la gestión requieren de mayor atención para dotar a los trabajadores involucrados en los procesos productivos de los elementos necesarios para sacar la empresa adelante con niveles de productividad aceptable, lo cual no parece haber sido el caso.

Las empresas concebidas como empresas comerciales requieren al menos una Junta Directiva y varios directores con sus respectivos suplentes además del equipo gerencial operativo, más los funcionarios de cada ministerio responsables de supervisar las actividades de estos entes.

Ante la ausencia de personal capacitado suficiente para la cantidad de empresas, se ha vuelto costumbre nombrar al mismo funcionario para que desempeñe cargos en distintos entes.

Parece excesivo e inconveniente tanto en lo económico como en lo social que el Estado se involucre en un conjunto de actividades para las cuales no tiene experticia suficiente y que además, haya intentado sustituir y desplazar al sector privado de actividades que le son propias. El resultado está a la vista: destrucción de los niveles de producción y productividad (como en el caso de las industrias básicas de Guayana), baja producción, niveles de productividad inadecuados, capacidad instalada desaprovechada, poca oferta de productos, alta corrupción, funcionarios gestionando las mismas empresas que deben controlar, funcionarios con múltiples empresas bajo control o gestión, inclusive en líneas de productos distintas, personas sin experiencia manejando empresas complejas. Estos problemas no tienen que ver con la visión ideológica del gobierno sino con la capacidad real de manejarlos.

En el futuro cercano habrá que cortarle muchas cabezas a este monstruo que tiene mil si se quiere una actividad productiva eficiente, que genere empleo estable y bien remunerado a sus trabajadores, y que ofrezca suficientes productos hechos en Venezuela a los consumidores que hoy padecen escasez, desabastecimiento y altos costos de los productos de consumo básico.

Se ha desmantelado la estructura industrial y agrícola del país, se ha retrocedido a niveles de dependencia del petróleo similar a la de los años sesenta y una nueva política de Sustitución de Importaciones con énfasis en empleo productivo, en actividades con ventajas competitivas, con aprovechamiento de los recursos naturales, humanos y tecnológicos, con vocación exportadora cuando las condiciones sean propicias, debería ser parte de la estrategia de reconstrucción del país para poder aprovechar los recursos del petróleo como palanca del desarrollo en los años que quedan de este siglo. No será tarea fácil, la destrucción institucional, de capacidades productivas y del recurso humano que se ha descuidado en los tres lustros pasados exigen visión de largo plazo, estrategia de mediano plazo y acciones concretas inmediatas.

Caracas, febrero 2016

Egle Iturbe

Victoria E. Castro T.

Unidad de Investigación: Mapa del Estado

Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro