Funcionarios de alto nivel ocupan más de un cargo
El Decreto 2.269 sobre organización general de la (APN) (Gaceta Oficial 40.865 DEL 09/03/16) define la nueva estructura de la APN. Modificada por cuarta vez en tres años, en el texto se reforma el número de vicepresidentes sectoriales y los ministerios bajo su coordinación y dirección, pero conservando uno de los vicios más perniciosos para la transparencia en el ejercicio de la función pública: la separación entre los niveles y personas que definen las políticas públicas y los que la ejecutan.
Se ha vuelto práctica habitual que los funcionarios de alto nivel desempeñen más de un cargo a la vez, bien en su propio ministerio ejerciendo la presidencia de órganos adscritos al mismo, o inclusive en entes de otro despacho. Esta práctica, contraría lo que establece la Ley del Estatuto de la Función Pública (artículo 35) que señala que ningún funcionario público puede desempeñar más de un cargo remunerado, salvo que sea académico, asistencial o transitorio, mientras se nombra el nuevo titular. Pueden tener diferentes explicaciones, pero observando el patrón de recurrencia en estos nombramientos, la principal y tal vez la única razón es la de otorgarle a los ministros no solo el área de la definición de las políticas públicas respectivas, sino también el control en la ejecución de las mismas.
Lo anterior, es especialmente importante cuando se trata de llevar adelante proyectos de inversión en organismos con capacidad de administrar recursos con mayor flexibilidad que en la administración central y con menores controles, por ser la misma persona la que fija la política y la que ordena, ejecuta y supervisa la gestión, eliminándose así la relación supervisor – supervisado, lo cual puede favorecer la posible desviación de recursos hacia áreas no necesariamente prioritarias, con bajo nivel de control interno del gasto o la no ejecución de los proyectos previstos, sin que se pueda establecer claras responsabilidades.
Tan habitual se ha vuelto esta práctica que ya está tácitamente establecido que el ministro será también el presidente de la empresa que más recursos maneje en su despacho. El caso más emblemático por su importancia para el bienestar de la economía venezolana ha sido la malsana práctica de que el ministro de Petróleo y Minería sea a su vez el Presidente de la empresa estatal Petróleos de Venezuela y las consecuencias están a la vista. No obstante, se mantiene la misma figura.
El ministro de Hábitat y Vivienda es Presidente de la Misión Vivienda y de la CONSTRUPATRIA; el ministro de Economía y Finanzas, era a su vez Presidente de dos grandes bancos comerciales del gobierno y aunque ahora se desempeña en otro espacio continúa en la presidencia de la Corporación de la Banca Pública y del Banco de Venezuela. El ministro de Energía Eléctrica es el Presidente de Corpoelec; el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, es el Presidente del Cesppa y del Sebin; la ministro de Turismo es la presidente de Inatur y de la Junta liquidadora del Fondo mixto de Capacitación y Promoción Turística; el ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología es además vicepresidente del área; la ministro de la Mujer es la presidente de Inamujer y Vicepresidente de Desarrollo Socia; el de Juventud y Deportes del Instituto Nacional para la Juventud; el ministro de la Defensa es a su vez el jefe del comando estratégico operacional CEO. El ministro de Planificación es vicepresidente de Planificación y no tiene ningún otro ministerio bajo su coordinación y dirección.
Lo mencionado es solo una muestra, sucede en casi todos los ministerios.
La misma práctica se encuentra en la presidencia de varias empresas industriales donde una misma persona de nivel gerencial pude tener a su cargo la gestión de varias empresas. La consecuencia de las prácticas anteriores para las políticas públicas no parece ser las más positiva por las dificultades que entraña las distintas responsabilidades en diferentes áreas de acción, además de la violación a varios principios básicos de gestión como la separación entre los que definen la política y los que la instrumentan, el control y supervisión de la gestión el riesgo de altos niveles de corrupción.
Una de las preguntas que queda en el aire, porque no tenemos respuesta documentada, es ¿cómo se fija la remuneración a estos funcionarios?
Caracas, abril 2016
Egle Iturbe
Unidad de Investigación: Mapa del Estado
Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro