La multiplicación de los ministerios y la incapacidad de adoptar políticas públicas oportunas y de calidad
Los cinco meses transcurridos de este año se han caracterizado por la agudización de la crisis integral que vive el país – en lo económico, lo político y lo social- la misma tiene una lectura equivocada por parte del gobierno quien la viene achacando insistentemente a la llamada “guerra económica” de los sectores privados que no quieren producir más o acaparan alimentos y medicinas para crear situaciones de inseguridad, creando así inestabilidad política que estimule al pueblo a pedir, por todos los medios, una salida del gobierno por vías constitucionales, democráticas, pacíficas y electorales.
Este diagnóstico equivocado y el deseo de preservar la revolución a como dé lugar, ha llevado al presidente Nicolás Maduro a nombrar un nuevo Gabinete de Ministros, aumentando el número de los ministerios, crear el Consejo Nacional de Economía Productiva y a dictar un Decreto de Emergencia Económica por 60 días, prorrogado por otros 60 días, que vencieron el 13 de mayo pasado, sin que se hubiera logrado reducir en ningún grado la situación de crisis, por el contrario, la misma se ha incrementado exponencialmente.
El 13 de mayo, siguiendo la misma línea de acción, el presidente Maduro decretó Estado de Excepción y de Emergencia Económica para otorgarse facilidades adicionales a las ya se le habían otorgado, especialmente en la limitación de las libertades ciudadanas de reunión, de manifestación pacífica y de reclamo del cumplimiento del proceso para la realización del Referendo Revocatorio, que solicita una abrumante mayoría de ciudadanos ante la ineficacia y agravamiento de la situación alimentaria, de medicinas y de inseguridad. Los decretos mencionados no han sido convalidados por la Asamblea Nacional.
El Consejo Nacional de Economía Productiva y los 15 motores que deberían dinamizar la economía no tienen combustible para arrancar, ni una hoja de ruta clara y definida sobre la cual desplegarse. Han sido aparentemente, la improvisación y los intereses de los grupos de presión vinculados al oficialismo, en lo político y lo económico, los que han impulsado las pocas medidas que se han adoptado, sin coherencia ni punto de llegada. El único motor que arrancó con fuerza y por un camino equivocado en términos democráticos, a mi juicio, ha sido el motor militar creando empresas para aumentar el poder de este sector que se expande también en lo económico y lo social.
La reestructuración del Gabinete Ejecutivo no trajo al gobierno caras nuevas, eficientes y conocedoras de la economía, sino que incorporó más militares a cargos sensibles para la solución de la crisis, algunos de los cuales ya habían fallado en el pasado en las altas responsabilidades que se les había asignado.
Actualmente, la economía, la alimentación, la agricultura, la electricidad, el agua, y la seguridad interna, entre otras áreas críticas, están siendo dirigidas por militares de alto rango, activos o retirados y por ende las estructuras de los ministerios e instituciones que dirigen están posiblemente conformadas con las mismas normas y procedimientos.
Además de pensar que los militares pueden resolver los problemas económicos fundamentales del país en el corto plazo, el Presidente parce pensar que multiplicando los ministerios se resuelven los problemas más rápidamente que con programas concretos y asertivos sobre las situaciones que se enfrentan.
Dentro de este orden de ideas, la solución de la crisis alimentaria pasa por el desmembramiento del Ministerio de Agricultura y Tierras, al cual se le agregó el calificativo de Productiva y se le quitaron dos áreas de sus atribuciones: la Pesca y la Acuicultura, y la llamada Agricultura Urbana, generando un gasto innecesario en la creación de nuevas oficinas ministeriales. En estos casos, 9 ó 10 oficinas ministeriales para cada ministerio, mas 2 ó 3 viceministros y al menos 6 direcciones generales sustantivas.
Además, el crear nuevas organizaciones lleva tiempo, lo que hace que el país tenga que esperar para ver resultados. También pareciera que si el dinero que se está invirtiendo en nueva burocracia se destinara a programas concretos en las materias que parecen estarse priorizando, tal vez se hubiera podido empezar a ver algún resultado, sostenido y estable y no simples ferias momentáneas y movedizas que no garantizan abastecimiento concreto a la población y solo parecen tener efecto político.
Similar situación se encuentra en el Ministerio de Industria y el Comercio, el cual ha sido objeto de dos amputaciones de funciones, haciendo que pierda su visión integral del proceso productivo industrial (si es que la tenía) y se vaya concentrando solo en la visión de la pequeña y mediana industria, que sin duda es importante, pero es solo una parte de un proceso sostenido e integral de industrialización para el mercado interno y las exportaciones.
De este Ministerio se desprendieron las funciones de Exportación e Inversión Internacional, para asignárselas a un Ministro de Estado circunstancial, porque por su carácter de Ministro de Estado no tiene estructura formal. Hay que preguntarse: ¿Cuándo, por cualquier razón, el Ministro de Estado para el Comercio Exterior y las Inversiones Internacionales no esté en funciones quién será el responsable institucional de estos temas?
Por otra parte, se han estado acordando medidas aisladas, tal vez pensando que exportar es solo vender en el exterior un excedente momentáneo para traer divisas de inmediato al país, siendo que una seria política de exportaciones solo se puede apoyar en una adecuada política de producción agrícola e industrial de calidad apoyada por los elementos necesarios de facilidades de transporte, financiamiento, incentivos fiscales, calidad del producto, estudio de mercados, entre otras cosas, a fin de poder mantener los mercados externos.
En días reciente se volvió a crear el Ministerio para las Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas, que existió entre el 2005 y el 2011,con nuevos apellidos, al que se le asignaron las industrias de Guayana y ya se ha empezado a nombrar viceministros y responsables de estas empresas a las mismas personas que en la última década han estado al frente del deterioro de las mismas y como en el caso de Agricultura se están dedicando recursos a nuevos altos funcionaros en lugar de apoyar los gastos necesarios para sacar adelante estas empresas. No parece que esta solución repotencie la siderúrgica, ni el aluminio, ni la minería de Guayana, que de paso, esta última se le asignó a una empresa militar.
En síntesis parece haberse tomado el camino equivocado de pensar que más personas resuelven los problemas cuando lo que realmente lo resuelven son políticas adecuadas, oportunas y de calidad.
Caracas, mayo 2016
Egle Iturbe
Unidad de Investigación: Mapa del Estado
Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro