Cerco y aislamiento democrático al gobierno de Maduro

Por: Edmundo González Urrutia

Desde la reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos  (OEA) realizada el 23 de junio de 2016, en la que el Secretario General de la organización presentó su primer informe sobre la alteración del orden constitucional y el orden democrático en Venezuela, con base a las disposiciones de la Carta Democrática Interamericana, varios gobiernos de la región, parlamentos, ex presidentes, partidos políticos, ONG  han venido alertando sobre el creciente deterioro de la institucionalidad democrática en nuestro país, la alteración del orden constitucional y los riesgos que tal situación plantea para la región.

Por su parte, la Asamblea Nacional ha declarado la ruptura del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático, el cual se pone de manifiesto al examinar las reiteradas contradicciones entre la actuación del gobierno y los elementos esenciales de la democracia representativa, como son la inexistencia de separación e independencia de los poderes públicos; la violación sistemática de los Derechos Humanos; el desconocimiento de la Asamblea Nacional; la suspensión de facto e inconstitucional del referéndum revocatorio y de las elecciones de gobernadores; la vulneración de los derechos sociales relativos la salud y la alimentación; la persecución política, entre otros.

Desde entonces la crisis venezolana no ha hecho sino empeorar. Frente a un gobierno que no hace sino exacerbar la radicalización ideológica, aumentar la represión a los opositores; desconocer al poder Legislativo electo por 14 millones de venezolanos y cerrar las vías electorales previstas en la Constitución, es necesaria una respuesta firme de la comunidad internacional con vistas a restablecer el orden democrático a través de la activación de  los mecanismos e instrumentos internacionales de garantías a la democracia, en particular la Carta Democrática Interamericana, suscrita por los países que integran la Organización de Estados Americanos.

Como lo dijo el Secretario General, Luis Almagro en su segundo informe sobre la crisis: “Venezuela es un caso singular en la región siendo el único ejemplo de una democracia que ha caído a una velocidad vertiginosa en un autoritarismo absolutamente violatorio de los principios establecidos en los artículos tres  y cuatro de la CDI”.

En un país que sufre el desmantelamiento de la institucionalidad democrática y  donde las garantías mínimas para hacer frente al autoritarismo son inexistentes, se agudizan las violaciones a los Derechos Humanos, los prisioneros políticos aumentan y las violaciones al orden constitucional son recurrentes, es imprescindible acudir a las instancias internacionales para restaurar el orden constitucional.

Para asegurar una solución pacífica y constitucional a esta grave crisis, es necesario acudir cuanto antes a la consulta de la soberanía popular para restituir el derecho al voto y asegurar la celebración de elecciones en igualdad de condiciones.

No es por azar que 14 países del hemisferio, hayan emitido una declaración en la que “profundamente preocupados” por la situación que atraviesa Venezuela, expresan la urgente necesidad de liberar a los presos políticos, se reconozca la legitimidad de las decisiones de la  Asamblea Nacional y se establezca un calendario electoral que incluya las elecciones pospuestas.

Con esta declaración, y el debate que sobre este tema seguramente habrá en el Consejo Permanente de la OEA, se acrecienta el cerco democrático y la presión internacional al gobierno de Maduro.

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