Las cosas por su nombre

Por: Edmundo González Urrutia

La crisis política en Venezuela ha seguido  ocupando  la atención de  la opinión pública  mundial reanimando el debate conceptual sobre las dictaduras y los totalitarismos. Ya no se trata de una discusión semántica ni de un debate  epistemológico  para académicos.

En verdad  no son pocos los analistas internacionales que han debatido sobre la calificación que debe utilizarse para caracterizar el actual gobierno venezolano; y hasta fechas relativamente recientes, sólo algunos se atrevían a llamarlo como lo que es: una dictadura.
Quienes sí parecen estar claros son  los cancilleres y representantes diplomáticos de 17 países del hemisferio que asistieron el pasado 8 de agosto a la reunión convocada por el presidente peruano para analizar la situación política en Venezuela.

En el encuentro no quedaron dudas en llamar “dictadura” al régimen que gobierna en Venezuela. Ese fue el fondo del mensaje político implícito en la cita. Quedó igualmente claro en el comunicado final la condena a la ruptura del orden democrático; el desconocimiento a la fraudulenta Asamblea Constituyente y el pleno respaldo a la legítima Asamblea Nacional.

Lo cierto es que luego de la aplicación de la Cláusula democrática del Mercosur, lo cual condujo a  la suspensión de Venezuela de dicho mecanismo, la reunión de Cancilleres en Lima fue  otro duro revés para el gobierno de Maduro. Ello ocurre en momentos en que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha hecho público un contundente informe en el que denuncia la brutal  represión de los cuerpos de seguridad y grupos paramilitares contra las movilizaciones de ciudadanos; las prácticas sistemáticas de torturas y tratos crueles a los opositores, así como las detenciones arbitrarias.

Es importante destacar que este encuentro coloca la  discusión  del tema venezolano  fuera  del ámbito de la OEA, donde los aliados ideológicos del gobierno han bloqueado  sistemáticamente  todo proyecto de declaración  que apuntara a  condenar  al régimen venezolano.

Más allá de la sanción política y moral, hay otras consecuencias en el plano económico que conviene mencionar. Se trata de lo dispuesto en el punto 4 de la declaración final: “Los actos jurídicos que conforme a la Constitución requieran autorización de la Asamblea Nacional solo serán reconocidos cuando dicha Asamblea los haya aprobado“. Esto quiere decir que todos los grandes contratos, empréstitos, y otras operaciones financieras que requieren de la aprobación del parlamento, serán desconocidos con todas las implicaciones que ello acarrea. En otras palabras, al ser operaciones no reconocidas corren el riesgo de no cobrar.

El gobierno de Maduro  está  cada día más  solo. Sobre muchos de sus dirigentes ya pesan sanciones por violaciones de derechos humanos o por delitos de corrupción. La cita de los Ministros de Relaciones Exteriores de Lima es vista como un punto de inflexión en materia de repudio internacional que pudieran comportar sanciones aún más firmes. Suspendido como ha sido del Mercosur, el siguiente paso sería la aplicación de las sanciones contempladas en la Carta Democrática Interamericana.

Pero aún más importante, es que conscientes de  la necesidad de contribuir a la  restitución  del orden constitucional quebrantado, todo parece indicar que vendrán acciones más duras  por parte de los  gobiernos que suscribieron la declaración de Lima. Algunas de carácter político como pudiera ser  el retiro de embajadores;  la ruptura de relaciones diplomáticas; la remisión de las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos a la Corte Penal Internacional; la decisión de no apoyar candidaturas venezolanas a los organismos internacionales; la aplicación del Tratado sobre Comercio de Armas con vistas a detener la transferencia de armas hacia Venezuela, entre otras.

En todo caso,  frente a las temerarias reacciones de los más altos voceros del  oficialismo,  lo que sigue es  la decisión de buena parte de los gobiernos de la región de  profundizar el aislamiento  internacional al régimen de Maduro. Esto incluiría, nuevas sanciones económicas individuales de los estados a personeros del régimen  o  que la situación venezolana,  considerada ya como una amenaza a la seguridad regional,   se aborde en el Consejo de Seguridad de la ONU, en el marco de la llamada diplomacia preventiva.

 

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