Maduro en el banquillo

Por: Edmundo González Urrutia

La Organización de los Estados Americanos (OEA) inició una serie de audiencias públicas para escuchar a las víctimas de la represión y de violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro con vistas a determinar si hay fundamentos para que esta situación sea investigada por la Corte Penal Internacional.
Al inicio de las audiencias se recordó que el Secretario General de la OEA ha presentado tres informes sobre la situación en Venezuela. El primero en mayo de 2016 sobre la alteración del orden constitucional; el segundo en marzo de 2017 sobre la ruptura del orden constitucional democrático y el tercero, del pasado mes de julio, que se enfoca sobre las prácticas sistemáticas de represión de los cuerpos de seguridad contra los manifestantes desarmados diseñadas para sembrar miedo en la población.
La sustentación jurídica para realizar estas sesiones está basada en las disposiciones de la Carta de la OEA que obliga al Secretario General a preocuparse por el afianzamiento de la paz y seguridad del continente. Igualmente se señala el consenso que existe respecto a la clara relación entre la comisión de crímenes masivos y la paz y la seguridad.
A este respecto el informe del Secretario General señala que hay indicios que apuntan hacia el uso sistemático, táctico, selectivo y estratégico de la represión, asesinatos, encarcelamientos, torturas y abusos sexuales como herramientas para aterrorizar a civiles inocentes. No son acciones aisladas sino que forman parte de una estrategia deliberada y sistemática.
Para este ejercicio se ha designado un comité de 3 expertos internacionales de prestigio en materia de derechos humanos que evaluará el informe que elaborará la Secretaría General bajo la supervisión del también reconocido jurista Luis Moreno Ocampos. A ellos corresponde la tarea de evaluar si hay indicios suficientes de que se habrían cometido crímenes de lesa humanidad susceptibles de elevarlas a la Corte Penal Internacional.
Las primeras dos audiencias aportaron información valiosa de las víctimas, de organizaciones de defensa de los derechos humanos y de otros actores de la sociedad civil. Los testimonios orales y escritos serán divulgados por la comisión en fecha próxima, pero lo que se ha conocido a través de medios es realmente demoledor y repugnante. Tales señalamientos se refieren a asesinatos, malos tratos, torturas, desapariciones forzosas, abusos sexuales, el sometimiento de la población civil al poder militar; manipulaciones electorales; el uso de armas de fuego en el control de manifestaciones; entre muchas otras.
Sobre este mismo asunto, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, divulgó recientemente un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización en el que señala las múltiples violaciones a los DDHH y los abusos cometidos entre el 1 de abril y el 31 de julio de este año durante la ola de protestas antigubernamentales. El Alto Comisionado concluye diciendo que Maduro podría haber cometido crímenes contra la Humanidad por la represión de las fuerzas de seguridad contra los opositores.
No son éstas acusaciones a la ligera. Venezuela ratificó el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional, por lo tanto ésta tiene jurisdicción sobre los crímenes cometidos en territorio venezolano desde el 1 de julio de 2002, fecha en que entró en vigor dicho instrumento.
El cerco internacional se cierra. De comprobarse estas acusaciones el tema puede ser objeto de tratamiento no solo en la Corte Penal Internacional sino en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Caracas, 16 de septiembre 2017

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