Cerco democrático y aislamiento internacional
Por: Edmundo González Urrutia
Pocas veces la atención internacional se ha volcado con tanto interés para contribuir a solucionar una crisis multidimensional como la que vive Venezuela en este momento. No han sido pocas las instancias, foros, organizaciones, dirigentes y personalidades mundiales que han realizado algún esfuerzo por encontrar un camino que abra un atisbo de esperanza frente a la agudización de los problemas.
Efectivamente, los tiempos en que la comunidad internacional permanecía impasible frente a la crisis venezolana parecen cosas del pasado. Progresivamente las reacciones son más firmes y hay una toma de conciencia cada vez mayor de que el gobierno ha provocado una ruptura del orden constitucional democrático; es responsable de violaciones sistemáticas de los derechos humanos y ha desmantelado el Estado de Derecho, razones por las cuales es rechazado por buena parte de la comunidad de gobiernos democráticos.
Algunos datos bastan para ilustrar la afirmación anterior.
Primero, la decisión de la Fiscal de la Corte Penal Internacional de iniciar el examen preliminar con vistas a determinar si se han cometido crímenes de lesa humanidad e identificar a los presuntos responsables, dentro de los que se señala al presidente Maduro, como ha sido denunciado por diferentes vías entre ellas el informe del Grupo de Expertos de la OEA convocado por el Secretario General de la organización.
Segundo, la Resolución del Parlamento Europeo del 8 de febrero ya comentada en un artículo anterior.
Tercero, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dado a conocer el día 12 sobre “Institucionalidad Democrática, Estado de Derecho y Derechos Humanos en Venezuela “ en el que se denuncia, no sólo el profundo deterioro de la vigencia de los derechos humanos y la justicia en Venezuela, sino el debilitamiento de la institucionalidad democrática y la inobservancia del principio de separación de poderes, la falta de independencia del Poder Judicial y del Consejo Nacional Electoral, entre otros importantes asuntos.
Por último, los gobiernos de los 14 países que integran el Grupo de Lima reunidos hace pocos días en la capital peruana tras el fracaso de las conversaciones en Santo Domingo, aprobaron una nueva declaración – tal vez la más firme que hayamos conocido-, en la que abordan la crisis política venezolana. Sin ambages, el documento rechaza la convocatoria del gobierno de Maduro a unas elecciones presidenciales anticipadas para el 22 de abril, le emplaza a fijar una nueva fecha para estos comicios agregando que no puede haber una elección libre, justa, democrática y transparente sin la participación de los actores políticos por lo que dichas elecciones carecerán de toda legitimidad y credibilidad. En otras palabras, sus resultados no serán reconocidos. Para concluir, esa misma declaración expresa que ante el continuo y grave deterioro de las instituciones democráticas en Venezuela, el gobierno de Perú ha decidido reconsiderar la invitación al presidente Maduro para la Cumbre de Las Américas que habrá de celebrase en Lima los días 13 y 14 de abril, decisión ésta respaldada igualmente por el gobierno de Canadá. En otras palabras no será bienvenido y por lo tanto ha sido desinvitado.
Maduro está cada vez más solo. Su jugada de instalar una Asamblea Constituyente que luce más como una convención del partido de gobierno, y la terca decisión de convocar a unas elecciones presidenciales anticipadas, sin garantías y con unas autoridades electorales controladas por el gobierno, son repudiadas por buena parte de los gobiernos democráticos.
El Ejecutivo parece estar dispuesto a correr con las consecuencias de ese cerco democrático. Frente a tal eventual decisión, cabe preguntarnos: ¿qué razones impulsan al gobierno a permanecer indiferente a este contexto internacional que como nunca antes le es tan adverso?