Elecciones anticipadas

Por: Edmundo González Urrutia

Atendiendo obedientemente el llamado que hizo Nicolás Maduro para que se fijara cuanto antes la fecha para las elecciones presidenciales, la presidenta del Consejo Nacional Electoral anunció que éstas se celebrarán el próximo 22 de abril. La noticia vino luego de que la alianza opositora rechazara firmar en la República Dominicana un “Acuerdo” claramente desbalanceado en favor del gobierno.

No han sido pocas las reacciones tanto en plano interno como de la comunidad internacional rechazando esta convocatoria. La Conferencia Episcopal de Venezuela pidió al CNE actuar con independencia; para Fedecámaras no será un proceso que genere confianza entre los electores; al tiempo que los rectores de las universidades autónomas exigieron al órgano electoral que permita un proceso con “igualdad, confiabilidad, imparcialidad y transparencia”.

Lo mismo opina la alianza opositora venezolana cuyo vocero, el diputado Julio Borges, señaló que el gobierno no quiere elecciones limpias agregando que sin garantías no pueden realizarse elecciones justas y competitivas.

El gobierno sabe que la gestión de Maduro tiene un creciente rechazo popular del 75%. Según los resultados de una encuesta reciente del IVAD, un 58,4% de los consultados cree que la gestión del mandatario es “pésima”, 16,6% piensa que es “mala”, y 4,3% que va de “regular hacia mala”. Esos números evidencian la prisa en realizar los comicios cuanto antes.

La Comunidad Internacional ha sido igualmente firme en sus reacciones. La resolución aprobada por el Parlamento Europeo el 8 de febrero con una abrumadora mayoría de 480 votos a favor, casi simultáneamente al anuncio del CNE, es una clara expresión del rechazo a esa medida. Dice la resolución que los países de la Unión Europea deploran la decisión unilateral de la “ilegítima” Asamblea Constituyente de convocar a elecciones anticipadas. Reitera que los países de la Unión Europea, “sólo reconocerán unas elecciones que estén basadas en un calendario electoral viable… en las que se cumplan unas condiciones de participación equitativas, justas y transparentes…”, al tiempo que critican la proscripción de las tarjetas de la Unidad y otros partidos, así como la inhabilitación de algunos dirigentes políticos.

Por su parte, el gobierno alemán exigió que las elecciones se realicen con un margen de tiempo suficiente, mientras que la portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos afirmó que un evento electoral realizado en esas condiciones sólo contribuye al desmantelamiento definitivo de la democracia.

Para el próximo martes 13 de febrero, el gobierno peruano ha convocado a una reunión del Grupo de Lima a fin de examinar la situación política en Venezuela a raíz de la convocatoria anticipada a elecciones presidenciales. Se trata de un proceso que nace viciado desde sus orígenes por la naturaleza espuria de la Asamblea Constituyente que ordena su convocatoria. Los gobiernos que integran el Grupo de Lima están claros que la realización de unos comicios anticipados es un nuevo zarpazo del régimen de Maduro para cerrar las salidas democráticas a la gravísima crisis que vive el país.

Tan obvias son estas razones que el comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú afirma que dichas elecciones no permitirían realizar un proceso electoral justo, transparente y democrático, por lo que han invitado a sus miembros para evaluar las medidas que correspondan tomar en estas circunstancias.

A fin de cuentas, no basta celebrar elecciones para que un gobierno tenga un origen democrático. Si así fuera la dictadura cubana tendría esa calificación. Autoridades que surjan de un proceso amañado y tramposo no pueden ser reconocidas como legítimas. Tiene necesariamente que haber unas condiciones justas que generen confianza en las autoridades y que permitan la libre expresión de los ciudadanos. En suma, deben existir condiciones de integridad electoral y unas garantías esenciales que permitan aceptar como válidos unos resultados.

La desconfianza en el ente electoral y su impúdica actuación parcializada en favor del Ejecutivo impiden calificar este proceso como una elección libre, justa y transparente. A diferencia de otras ocasiones, esta vez la Comunidad Internacional tiene sus ojos puestos en Venezuela.