El fraude constituyente: un salto al vacío
Por: Edmundo González Urrutia
Obstinado en aferrarse al poder a cualquier costo, a pesar del rechazo mayoritario de los venezolanos y de los incontables llamados de la comunidad internacional que le pedían suspender la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, el domingo 30 de julio, el gobierno de Nicolás Maduro consumó el auto golpe a través de una escandalosa parodia electoral.
La polémica propuesta Constituyente nació herida porque viola principios esenciales de la democracia, es inconstitucional porque transgrede normas muy precisas de la Carta Magna que exigen una consulta previa al soberano y por lo tanto está viciada de nulidad como lo expresó el Secretario General de la OEA en la víspera de consumarse el fraude.
Fue una jornada electoral espuria a la que asistieron forzadamente muchos empleados públicos y beneficiarios de programas sociales, que bajo coacción, debieron acudir a unos centros electorales vacíos como pudieron constatarlo millones de personas dentro y fuera del país.
Consumado el fraude, el país entra en una nueva etapa del conflicto político plagada de interrogantes. Un salto al vacío, una huida hacia adelante que genera más dudas que certezas pero que poco contribuye a generar un clima de normalidad institucional. Fue la estocada final al sistema democrático como lo señaló el canciller de Costa Rica, Manuel González.
Las reacciones internacionales han sido muy firmes, como una señal de no estar dispuestos a permitir la consolidación de una dictadura en Venezuela. Hasta hace poco, al menos 13 gobiernos del hemisferio, más España, Francia, el Reino Unido y la Unión Europea expresaron preocupación por la aprobación de la Asamblea Constituyente. No pocos de ellos anunciaron que la desconocerían. Sólo 5 gobiernos de la región, los aliados ideológicos del ALBA –Cuba, Nicaragua, Bolivia, Ecuador y El Salvador- la avalaron. Otros tomaron el camino del silencio. Mientras que el gobierno de Estados Unidos incluyó a Maduro en la lista de sancionados, la misma en la que figuran los dictadores Robert Mugabe de Zimbabwe, Bashir Al Assad de Siria, y el sanguinario King Jon-un de Corea del Norte.
Entre tanto, Mercosur advirtió sobre la aplicación de la cláusula democrática lo que comportaría la expulsión del gobierno de Venezuela de dicho mecanismo; el parlamento europeo advirtió con la adopción de sanciones individuales; el gobierno peruano ha decidido convocar el 8 de agosto a una reunión de cancilleres para analizar la situación venezolana, al tiempo que el Secretario General de la OEA desconoció a la constituyente calificándola de ilegítima.
Todas estas acciones buscan forzar al gobierno de Maduro a una solución política a la grave crisis de gobernabilidad que afecta al país, poner cese a la ola de represión y de violencia que ya ha provocado más de 113 víctimas fatales, cientos de heridos y miles detenidos, e intentar recomponer el orden constitucional democrático.
Las medidas antes mencionadas, no sólo significan una vergüenza para el país sino que contribuye a su aislamiento internacional.
A fin de cuentas, la iniciativa de una Asamblea Constituyente se convirtió en un revés político para el gobierno; desnudó la cara dictatorial del régimen, profundizó el repudio internacional y, en suma, lo convirtió en un punto de inflexión donde ya pocos dudan sobre la necesidad de actuar de inmediato para reestablecer el orden democrático y poner freno a tantas arbitrariedades.
Fracasados los intentos de diálogo por la terca postura del gobierno de no retroceder en su inconstitucional propuesta, sólo queda la presión internacional para convencerlo de que uno de los caminos para solucionar la crisis está en un calendario electoral. Debería el gobierno escuchar las palabras de Monseñor Mario Moronta: “Es hora de cambiar el rumbo es hora de atender el deseo del pueblo, por elecciones regionales y nacionales este mismo año. Y no digan que no se puede, así como han tergiversado las leyes y manipulado la Constitución, se puede buscar sí de una manera legítima y legal la manera de promover esas elecciones lo más pronto posible”.
No obstante, lo que está en juego es tan costoso para Maduro (acusaciones de violaciones a los derechos humanos, corrupción y narcotráfico) y sus cercanos colaboradores que dificulta cualquier escenario de negociación.